¿Qué modifica el Real Decreto-ley 31/2026?

El Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de octubre de 2026, incorpora una serie de medidas destinadas a mejorar la protección de la Seguridad Social y adaptar determinadas prestaciones a nuevas situaciones sociales y sanitarias.

Entre las principales novedades se encuentran la ampliación de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), la incorporación de dos situaciones especiales de incapacidad temporal (IT), los cambios en el cálculo de las bases reguladoras y la flexibilización de determinados requisitos para acceder a las pensiones de viudedad.​

Aunque el real decreto-ley entró en vigor el 21 de octubre de 2026, algunas modificaciones tienen fechas de aplicación posteriores, que se detallan a continuación.

Mejoras en la prestación por cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave (CUME)

La prestación CUME está destinada a compensar la pérdida de ingresos de las personas trabajadoras que necesitan reducir su jornada laboral, al menos un 50 %, para atender al cuidado directo, continuo y permanente de un menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.

El Real Decreto-ley 31/2026 introduce modificaciones en los artículos 190, 191 y 192 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), así como en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.

Ampliación de la prestación más allá de los 26 años

La nueva regulación permite, de forma excepcional, mantener la prestación cuando la persona enferma haya cumplido los 26 años, siempre que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 % o un grado III de dependencia.

Para mantener este derecho deberán seguir cumpliéndose los requisitos exigidos, entre ellos la necesidad acreditada de cuidado directo, continuo y permanente y la convivencia con la persona beneficiaria.

Mayor flexibilidad en las situaciones de hospitalización y tratamiento

La prestación podrá reconocerse cuando la persona enferma requiera ingreso hospitalario o una situación asimilada en los términos que se desarrollen reglamentariamente.

De esta forma, la regulación contempla situaciones en las que, sin existir un ingreso hospitalario, resulten necesarios tratamientos médicos y cuidados continuados que justifiquen la protección.

Posibilidad de que ambas personas cuidadoras perciban la prestación

Otra de las principales novedades es que ambas personas progenitoras, guardadoras con fines de adopción o acogedoras permanentes podrán acceder a la prestación por una misma persona enferma, de forma alternativa o simultánea, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

Cuando ambas personas perciban simultáneamente la prestación por el mismo causante, cada una tendrá derecho a un subsidio equivalente al 50 % de su respectiva base reguladora de incapacidad temporal por contingencias profesionales, con independencia del porcentaje de reducción de su jornada laboral.

Cuando la prestación sea percibida por una sola persona beneficiaria, se mantiene el subsidio equivalente al 100 % de la base reguladora correspondiente a la incapacidad temporal por contingencias profesionales, en proporción a la reducción de jornada.

Por otra parte, cuando en una misma unidad familiar exista más de una persona a cargo que cumpla con los requisitos, podrá reconocerse el subsidio a ambas personas progenitoras, siempre que cada una de ellas cumpla con los requisitos.

Adaptación a diferentes situaciones familiares

La reforma también introduce cambios para atender distintas circunstancias familiares. En casos de separación, divorcio, nulidad matrimonial, extinción de la pareja de hecho o violencia de género, la prestación podrá reconocerse a la persona cuidadora que conviva con la persona enferma, aunque la otra no trabaje, siempre que se cumplan los restantes requisitos.

Además, cuando existan hijos o hijas comunes, no será necesaria la inscripción formal de la pareja de hecho para acreditar su constitución a efectos de esta prestación.

Estas modificaciones, junto con los cambios correspondientes en el derecho a la reducción de jornada, producen efectos desde el 23 de octubre de 2026.

Incapacidad temporal: nuevas situaciones especiales y cambios en el cálculo de la prestación

El real decreto-ley incorpora modificaciones en la regulación de la incapacidad temporal, tanto en las situaciones que reciben una protección específica como en las reglas para determinar la cuantía económica de la prestación.

Dos nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal

La norma incorpora dos nuevos supuestos especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes:

• Patología limitante por trastorno menopáusico secundario: cuando exista una patología codificada a tal efecto, la mujer reciba asistencia sanitaria del Servicio Público de Salud y se encuentre impedida para trabajar como consecuencia de dicha patología.
• Lesiones derivadas de violencia de género: cuando las lesiones producidas en las circunstancias contempladas por la norma impidan trabajar a la mujer afectada y se cumplan los requisitos específicos de acreditación y vinculación causal establecidos legalmente.

Estas situaciones se incorporan a las ya existentes, como la menstruación incapacitante secundaria, la interrupción del embarazo, la gestación desde el primer día de la semana 39 y la donación de órganos o tejidos para trasplante.

¿Cómo se abona la prestación en los nuevos supuestos?

Las dos nuevas situaciones especiales cuentan con condiciones específicas de protección económica:

• No se exige un periodo mínimo previo de cotización.
• El subsidio se abona desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes.
• La empresa asume el salario íntegro correspondiente al día de la baja.
• La cuantía del subsidio es equivalente al 60 % de la base reguladora hasta el día 20 de baja y al 75 % a partir del día 21.

Estas condiciones permiten acceder a la prestación económica desde una fase anterior a la prevista con carácter general para las bajas por enfermedad común.

Las modificaciones relativas a las situaciones especiales de incapacidad temporal producen efectos desde el 1 de diciembre de 2026.

Cambios en el cálculo de la base reguladora de incapacidad temporal

El artículo 171 de la LGSS introduce una modificación en la referencia temporal utilizada para calcular la base reguladora de la incapacidad temporal.

Con carácter general, la base de cotización que se utilizará será la correspondiente al mes inmediatamente anterior al mes previo al hecho causante.

El cálculo presenta particularidades según el origen de la incapacidad:

• Contingencias comunes: se divide la base de cotización del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante entre el número de días a los que se refiere esa cotización. Cuando la persona trabajadora perciba retribución mensual y haya permanecido de alta en la empresa todo el mes natural, se divide entre 30.
• Contingencias profesionales: se suma la base de cotización por contingencias profesionales del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, sin horas extraordinarias, dividida entre los días a los que corresponda esa cotización, más las horas extraordinarias realizadas en el año anterior al mes previo al del hecho causante divididas entre 365 días​.

La regulación también contempla reglas específicas para las personas trabajadoras que hayan ingresado en la empresa durante el mes de la baja médica o el inmediatamente anterior.

Estas modificaciones son relevantes para la determinación de la cuantía de la prestación por incapacidad temporal y para otras prestaciones que utilizan su base reguladora como referencia.

Los cambios en el cálculo de la base reguladora producen efectos desde el 1 de diciembre de 2026.

Cambios para las personas trabajadoras autónomas

El Real Decreto-ley 31/2026 introduce dos modificaciones relevantes para las personas incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), relacionadas con el cálculo de la incapacidad temporal y la regularización de sus bases de cotización.

Nueva referencia para calcular la incapacidad temporal

La modificación del artículo 318 de la LGSS establece que, con carácter general, la base reguladora de incapacidad temporal de las personas autónomas, cualquiera que sea la contingencia, se calculará tomando la base de cotización del mes inmediatamente anterior al mes previo al hecho causante y dividiéndola entre 30.

Se establecen reglas particulares cuando el alta en el RETA se haya producido en el mismo mes de la baja médica o en el inmediatamente anterior.

Esta modificación entró en vigor el 21 de octubre de 2026.

Cambios en la regularización de las bases de cotización

La reforma del artículo 309.1 de la LGSS introduce modificaciones en la relación entre la regularización de cotizaciones de las personas autónomas y el reconocimiento de prestaciones económicas.

Con la nueva regulación, determinadas bases de cotización que ya se hayan utilizado para calcular prestaciones reconocidas antes de la regularización quedarán excluidas de esta.

También se excluyen determinadas bases posteriores hasta el mes en que se produzca el hecho causante de la prestación.

Estas bases adquieren carácter definitivo, sin que proceda revisar posteriormente la cuantía de las prestaciones ya reconocidas.

Asimismo, se establece el carácter definitivo de las bases de cotización correspondientes a determinados periodos en los que la persona autónoma perciba prestaciones y deba permanecer de alta en el régimen especial.

Esta modificación producirá efectos a partir del 1 de enero de 2027.

Nuevos requisitos para acceder a la pensión de viudedad en parejas de hecho

La modificación del artículo 221.2 de la LGSS flexibiliza los requisitos para acreditar la existencia de una pareja de hecho cuando existen hijos o hijas en común.

En estos casos, no será necesario acreditar la constitución formal de la pareja mediante inscripción en un registro específico o documento público.

En su lugar, se exige acreditar una convivencia estable y notoria de al menos dos años ininterrumpidos inmediatamente anteriores al fallecimiento, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento.

En los supuestos en los que no existan hijos comunes, se mantienen los requisitos generales de convivencia y acreditación formal previstos en la norma.

Además, se establece un régimen transitorio para que determinadas personas cuya pareja haya fallecido antes de la reforma puedan solicitar el reconocimiento de la pensión, siempre que cumplan las condiciones exigidas.

Para estos supuestos excepcionales, el plazo de solicitud será de 12 meses improrrogables desde la entrada en vigor del real decreto-ley.

También se contemplan posibilidades de rehabilitación de determinadas pensiones de viudedad anteriormente suspendidas, con los requisitos y plazos establecidos.

Estas modificaciones entraron en vigor el 21 de octubre de 2026.

Mayor protección ante situaciones catastróficas

El real decreto-ley incorpora una nueva disposición adicional a la Ley General de la Seguridad Social para reforzar la protección de las personas afectadas por acontecimientos catastróficos.

Esta disposición establece que las futuras normas con rango de ley aprobadas para dar una cobertura extraordinaria ante una catástrofe podrán acordar que determinadas prestaciones de la Seguridad Social se asimilen a contingencias profesionales.

Entre ellas se incluyen las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.

Esta posibilidad permitiría aplicar una cobertura más favorable cuando así lo establezca expresamente la normativa aprobada para una situación catastrófica concreta.

Por tanto, la nueva disposición no supone una asimilación automática en todos los casos, sino que establece el marco legal para poder adoptar estas medidas extraordinarias.

Otras medidas de protección social

Además de las novedades anteriores, el Real Decreto-ley 31/2026 introduce modificaciones en otros ámbitos de la protección social:

1. Protección por orfandad: en los supuestos previstos de fallecimiento por violencia contra la mujer, la prestación de orfandad se fija en el doble del salario mínimo interprofesional (SMI) mensual y se establece ese mismo importe como mínimo mensual de la pensión de orfandad. Si existen varias personas beneficiarias, el importe conjunto está sujeto al límite fijado en la norma.
2. Pensiones e indemnizaciones por terrorismo: se modifica la cuantía mínima de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo y se incorporan medidas para equiparar determinadas indemnizaciones a las víctimas.
3. Fondo de Garantía del Pago de Alimentos: se eleva de 100 a 300 euros mensuales la cuantía máxima del anticipo por beneficiario, se amplía su duración y se modifican determinados requisitos económicos y de acceso.
4. Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: se adapta la regulación de la incapacidad temporal y se extiende el subsidio especial por nacimiento y cuidado de menor en los supuestos previstos.
5. Otros regímenes de protección social: se introducen adaptaciones en los regímenes de funcionarios públicos y en Clases Pasivas del Estado, relacionadas con determinadas situaciones de incapacidad temporal y pensiones.

Estas medidas cuentan con condiciones, requisitos y fechas de aplicación específicas que pueden consultarse en el Real Decreto-ley 31/2026 publicado en el BOE y en la información difundida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

¿Cuándo se aplican las novedades del Real Decreto-ley 31/2026?

Aunque la norma entró en vigor el 21 de octubre de 2026, sus modificaciones producen efectos en diferentes fechas:

Las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 31/2026 modifican tanto las condiciones de acceso y mantenimiento de determinadas prestaciones como las reglas utilizadas para calcularlas.

Por ello, para conocer su aplicación en cada caso, es importante tener en cuenta los requisitos específicos de cada prestación, las circunstancias de la persona beneficiaria y la fecha desde la que produce efectos la modificación correspondiente.

FUENTES: Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre (BOE); Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.